La sede del Consejo General de la Abogacía Española el próximo día 20 de noviembre la presentación del libro «Deontología de la Abogacía», un texto divulgativo escrito por el decano del Colegio de la Abogacía de Albacete, Albino Escribano, miembro asimismo del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, y vicesecretario de Recursos Humanos, vocal de la Comisión de Ordenación Profesional y secretario de la Comisión de Deontología del Consejo General de la Abogacía Española.
La presentación del libro correrá a cargo del propio autor, acompañado de la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega. Participará también Salvador Vives, director de la editorial jurídica Tirant Lo Blanch, que edita la obra.
El acto comenzará a las 13.30 mañana viernes 20 de noviembre, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española sita en el Paseo de Recoletos, número 13 de Madrid.
«Deontología de la abogacía» está conformado por una serie de consideraciones prácticas del Código Deontológico de la Abogacía Española de 2019, con el fin de facilitar el estudio de la materia a los graduados en Derecho que cursan el Máster de Acceso a la Abogacía.
El libro es, en definitiva, un manual para que el profesional de la Abogacía tenga una mejor comprensión de la normativa, su origen, su sentido práctico, las distintas instancias a donde puede recurrirse para invocarla e incluso las sanciones que, de incumplirla, puede llevar aparejada.
A lo largo de sus 172 páginas, estructuradas en 16 capítulos, pretende aportar fórmulas normativas que tienen como principal misión consolidar la enorme importancia de ejercer la profesión de forma honesta. Porque, como afirma el autor, «la Deontología es la imagen de la Abogacía y la actuación conforme a las normas deontológicas, su futuro».
El Ilustre Colegio de Abogados de Málaga presenta el Congreso Nacional ‘Octubre Jurídico ICAMALAGA’, un encuentro online de carácter intensivo que contará con ponentes de reconocido prestigio y en el que se abordarán los temas de mayor actualidad jurídica (consumo, penal, familia, concursal, derecho turístico, digital…).
EI Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha se une a las manifestaciones efectuadas por otros Consejos y Colegios de la Abogacía ante las desafortunadas declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al Diario de Cádiz el 20 de agosto actual con referencia a la habilitación parcial del mes de agosto para la realización de actividades judiciales.
Bajo el titular en prensa que reza «El impulso modernizador de la Justicia en la pandemia ha sido histórico», el ministro menciona, entre otras cuestiones, la habilitación parcial del mes de agosto para actuaciones procesales soslayando la pregunta que se le formula sobre la incidencia de dicha medida en la Abogacía para referirse a su «bondad» con argumentos absolutamente inciertos.
Llama poderosamente la atención de la Abogacía, que dicho ministro, después de aludir al derecho de los miembros del Gobierno a «…hacer unos pequeños turnos para tener unos días de vacaciones…» porque cree «…que son también necesarios…», defienda sin recato alguno la habilitación parcial de agosto para los que se ha dado en llamar operadores de la justicia, medida que pretende amparar en que hay que»…mirar al ciudadano ….que ha visto sus causas paradas totalmente durante toda la pandemia en una justicia que de por sí va siempre atrasada…».
La Abogacía se pregunta hacia dónde miraba el ministro cuando, conocido ese «atraso» endémico de la Justicia, no puso en práctica medida urgente alguna para remediarlo desde la toma de posesión de su cargo, ni instó la habilitación de los medios materiales y humanos para su puesta en práctica.
En estas circunstancias, el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha quiere poner de manifiesto:
1º.- Que la habilitación parcial del mes de agosto ha sido y sigue siendo absolutamente ineficaz cuando Juzgados y Tribunales han dispuesto en agosto de servicios funcionariales mínimos y sin la necesaria coordinación para resolver con agilidad las solicitudes de los justiciables, efectuadas directamente o a través de sus representaciones y defensas en el proceso correspondiente: pese a los esfuerzos de la Comisión de seguimiento del Covid-19 de Castilla-La Mancha, ha sido muy difícil o imposible conectar con los Juzgados para llevar a cabo el seguimiento del pleito pues o nadie contestaba al teléfono o el asunto en cuestión «no lo llevaba» el funcionario que atendía la llamada.
2º.- Que la celebración de actuaciones judiciales presenciales, ha sido y sigue siendo actualmente ingrata para la Abogacía y la Procuraduría porque la gran mayoría de las sedes de los Juzgados y Tribunales no contaban con espacio suficiente para guardar las distancias de riesgo establecidas, ni con servicios de limpieza y desinfección, ni con otros restantes medios de protección a su disposición, de tal manera que diariamente se han podido observar largas colas de estos profesionales esperando tiempos prolongados en plena calle de las adyacentes a los Juzgados de Castilla-La Mancha, sin un lugar donde protegerse del sol y del calor ni donde ultimar dignamente intervenciones en juicio de clientes, peritos y/o testigos. Y, claro está, con los medios de protección que ellos mismos se procuraban o les facilitaban sus Colegios y Consejos.
3º.- Que la celebración en agosto de juicios telemáticos, comparecencias, declaraciones, etc., en nada o muy poco va a ayudar a agilizar el proverbial retraso de la Administración de Justicia en la resolución de las demandas del justiciable en cualquier clase de procedimientos, pues salvo raras excepciones, los medios materiales para celebrar actuaciones judiciales telemáticamente han sido insuficientes y con constantes fallos de conexión que han dificultado su visionado y audición, siendo muy probables que muchas de las actuaciones hayan de celebrarse de nuevo salgo riesgo de nulidad.
4º.- Que con independencia de la celebración de unas u otras actuaciones, es proverbial y sobradamente conocido por profesionales de la abogacía y por los ciudadanos en general que, salvo escasas excepciones, Juzgados y Tribunales no suelan dictar sus resoluciones en los plazos que establecen en cada caso las LOPJ, Leyes Procesales Civil y Penal, Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, etc., siendo sin embargo, absolutamente obligado para la Abogacía el cumplimiento de los plazos para su impugnación, -so pena de incurrir en responsabilidades civiles y/o penales-, con lo cual la notificación de resoluciones judiciales durante el mes de julio y días hábiles de agosto apenas tendrá incidencia en la pretendida agilización de la Justicia.
5° – Finalmente, la medida que tanto ensalza el ministro, ataca directamente el necesario derecho al descanso intersemanal y de treinta días de vacaciones anuales que su Gobierno viene defendiendo porfiadamente para otros colectivos: tanto la normativa funcionarial como laboral reconocer a cualquier trabajador estos descansos que, sin embargo, se han negado a la Abogacía y Procuraduría.
Como se les ha negado el derecho a la conciliación de su vida familiar con la profesional al socaire de una «agilización» de la justicia que ni se ha resuelto ni se resolverá con tanta ineptitud.
6º.- Que, en estas circunstancias, la Abogacía de Castilla-La Mancha y la Abogacía en general, exige su presencia activa en el estudio y tramitación de cualquier normativa dirigida a conseguir una JUSTICIA RÁPIDA Y EFICAZ, que proteja adecuadamente los derechos constitucionales de los justiciables que les encomiendan la defensa de sus intereses y que esperan de Juzgados y Tribunales una solución pronta del conflicto que les afecta.
El día 18 de julio de 2020 falleció nuestro querido amigo y compañero D. Jesús Celada Montón, Ilmo. Decano del Colegio de Abogados de Cuenca y Consejero de este Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, que hoy lamenta su pérdida.
D. Jesús Celada se incorporó a su Decanatura y, paralelamente, a nuestro Consejo, nada menos que el día 10 de febrero de 2001. Desde entonces su constante esfuerzo en la solución de los problemas de la Abogacía y, por ende, de los justiciables cuyos intereses defiende nuestra profesión, ha sido encomiable, poniendo siempre en práctica sus conocimientos profesionales con su extraordinario buen hacer: nunca torció el gesto ante cualquier dificultad ni borró de su cara su sempiterna y amable sonrisa.
Con el fallecimiento de Jesús, -compañero y amigo-, se ha roto su paisaje familiar y el paisaje de nuestro Consejo que le recuerda hoy como Ilustre Abogado pero, sobre todo, como el hombre bueno «en el buen sentido de la palabra», que fue.
Con el más sincero pésame de este Consejo a sus familiares y a los compañeros que hoy lamentan su pérdida.
El Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha MANIFIESTA su más rotundo y enérgico rechazo al denominado «Plan de choque en la administración de justicia tras el estado de alarma”, y DENUNCIA que, bajo la excusa de responder a la excepcionalidad de la situación sanitaria motivada por la pandemia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pretende introducir una serie de medidas dentro de los órdenes jurisdiccionales que suponen una reforma procesal unilateral, con modificaciones estructurales y procesales de gran calado, con vocación de permanencia, en un claro fraude de Ley.
El documento planteado por el CGPJ, supone un atentado contra derechos fundamentales en la medida en que restringe el acceso a la Justicia, conculca el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 24 de la CE, mermando los derechos y garantías procesales de los ciudadanos, consumidores y profesionales, pretendiendo con ello desmontar la actual estructura de la Justicia, haciendo desaparecer la llamada “Justicia de Proximidad” por ser cercana a la ciudadanía y de más fácil acceso.
Consideramos absolutamente reprobable que utilizando la excusa del estado de alarma se pretenda la aprobación apresurada de una reforma estructural, pretendiendo justificar con ello la inactividad de la Administración de Justicia durante la crisis sanitaria y achacar a ésta dolencias anteriores y endémicas.
Entendemos que la actual conyuntura no puede ser aprovechada para imponer una visión única y absoluta de la Justicia, obviando y despreciando a la Abogacía -recordemos que “sin Defensa, no hay Justicia”– y el resto de operadores jurídicos, sin que se pueda dar el necesario Pacto de Estado por la Justicia, en el que tengan cabida todas las fuerzas políticas, a fin de que la Justicia actúe con rapidez, eficacia y calidad, disponiendo para ello de mayores recursos humanos, materiales y tecnológicos, respetando las exigencias constitucionales de una tramitación legislativa ordinaria.
Por otro lado, el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha se adhiere expresamente a las medidas de agilización procesal propuestas por el CGAE que entendemos como las más adecuadas en la situación actual que vive nuestro Estado social y democrático de Derecho, reconociendo al Consejo General como interlocutor válido de la Abogacía que canalice las propuestas y sugerencias de los abogados y sus instituciones, entre las que se encuentran las remitidas por este Consejo.Autonómico.
Finalmente éste Consejo se adhiere a la justa reivindicación llevada a cabo por el CGAE de que se hagan extensivas las ayudas que se aprueben para los autónomos a todos los profesionales de la Abogacía adscritos a los regímenes alternativos de las Mutualidades, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico a cuyo fin se ha dirigido escrito a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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